Nueva Ley de Suministros y Contrataciones públicas: diferencias, similitudes y alcances

Lexin Legal Advisors brindó charla a socios de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción

Socios de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) participaron de una charla sobre la nueva Ley Nro. 7021 “De Suministros y Contrataciones Públicas”. La jornada tuvo lugar en sede de la institución y fue dirigida por Lexin Legal Advisors, empresa de consultoría especializada en asuntos civiles y comerciales, así como en temas de propiedad intelecual y licitaciones públicas.

La exposición estuvo a cargo de la abogada Karina Maciel, asociada senior de Lexin Legal Advisors, y del director jurídico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Luis Armando Godoy.

Considerando que el sistema de compras públicas experimenta un cambio normativo a través de la nueva Ley Nro. 7021, Lexin ofreció a los socios de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) una detallada información sobre los alcances, diferencias y similitudes en torno a la antigua regulación (Ley Nro. 2051) y la nueva, que está vigente pero que se implementará plenamente a partir del año que viene.

“La ley nueva se construye sobre la base del legado de la Ley 2051, pero da un salto más y apuesta por la innovación, incorpora estándares internacionales de buenas prácticas de contrataciones públicas con un objetivo: obtener mejores resultados. Es decir, obtener contrataciones como provisión de bienes, servicios, obras públicas y consultoría en términos eficientes y eficaces”, explicó Maciel.

Añadió que lo que hace esta nueva normativa es prometer una mejora con un Sistema Nacional de Suministro Público y en concreto con la Cadena Integrada de Suministro. “A partir de este enfoque, creemos que habrá un cambio en la mirada pero respetando la Ley 2051 para apuntar a una modernización. Lo que se obtiene con la Ley 7021 con nuestra interpretación es una mejora, un cambio de visión con un enfoque estratégico que tiene que ver con la cadena de suministro sobre la base del valor por dinero”, apuntó.

Impacto positivo

Maciel considera que el impacto de la implementación de esta ley será positivo en el mercado “porque va a permitir que los contratos estatales se traduzcan en políticas públicas efectivas pues los pliegos de

bases y condiciones incorporarán criterios de sostenibilidad, es decir, el precio no será el único elemento a considerar al momento de adjudicar a partir de ahora”.

La especialista sostuvo que, básicamente, el sistema es el mismo en el sentido de que respeta los hitos presentes en la anterior Ley 2051 en su momento, pero que ahora se expande el horizonte, centrándose no solo en la contratación, sino en la búsqueda de una visión estratégica de la compra a través de la Cadena Integrada de Suministro. “Etapas como la planificación de las necesidades se explicita mucho más que antes, se incorpora una etapa de administración de bienes y servicios, se analiza cómo se mantiene y almacena el bien adquirido, cuál será su destino final, luego se evalúa esa contratación, se conoce si se alcanzó o no la meta que la institución esperaba con esa contratación. Entonces, es un ciclo más completo y coincidente con el ciclo de las finanzas públicas”, argumentó representante de Lexin.

Uno de los principales objetivos de la nueva normativa es introducir mejores prácticas acordes a los estándares y regulaciones internacionales para que Paraguay esté alineado a esas modernizaciones, sobre todo, enfocados en dos aspectos fundamentales como el valor por dinero y la sostenibilidad.

“La Ley 7021 tiene disposiciones generales, en este capítulo se va a ampliar el Sistema Nacional de Suministros y la Cadena Integrada de Suministros y se va a regular el Sistema de Contrataciones Públicas, que va a permanecer, solo que antes de llegar a él se tendrán que analizar las ideas previas. En el Decreto 9823/23 también se observa el Sistema Nacional de Suministro, tal cual está en la Ley 7021, y se introducen novedades. Una tiene que ver con la planificación de necesidades, la administración de los bienes y su evaluación, tres aspectos que tienen que ver con esta nueva idea de suministro”, indicó la expositora.

Sobre la Ley 7021, Maciel señaló que tiene por objetivo la provisión de bienes, servicios y obra pública de la manera más eficiente y eficaz. Para ello, adopta un cambio de enfoque: una visión estratégica para que dicha provisión de bienes eficiente se cumpla. “En definitiva, lo que cambia es el enfoque, se va a buscar obtener el mejor resultado, una contratación eficaz y eficiente, pero lo que va a expandirse es la visión de la compra pública”, subrayó.

En cuanto al Decreto 9823/23, afirmó que en este documento se da una explicación de las etapas de la cadena de suministro que interesan desarrollar, como la planificación de las necesidades y la administración de los bienes, aspectos novedosos juntos con la regulación del Sistema Nacional de Suministro Público.

Lo que sigue vs. lo que cambia

Sobre “lo que va a seguir igual”, citó el proceso competitivo de ofertas, evaluación, criterios de documentos sustanciales y formales, prerrogativas de la contratante, límites a modificaciones de contratos, causales de la terminación de los contratos, mecanismos de impugnación y mecanismos de solución de controversias.

“El Estado va a seguir adquiriendo bienes, servicios, consultoría y obras públicas a través de procesos competitivos. La evaluación, aunque incorpore criterios de sostenibilidad, se mantiene”, anunció.

En cuanto a lo que se cambia, habló de la introducción del Sistema Nacional de Suministro Público, apuntando a la provisión de bienes, servicios, consultoría y obras de la forma más eficaz y eficiente. “Del enfoque en el procedimiento de contratación se pasará al enfoque a mejorar eficiencia del gasto, obtener mejor resultado, cumplir metas”, recalcó.

Al tocar el punto de la Cadena Integrada de Suministro Público, hizo énfasis en que este capítulo abarcará la planificación de las necesidades, programación presupuestaria, gestión de las contrataciones, evaluación de metas programadas y cumplidas, así como ajustes en las competencias de los órganos de la administración.

Maciel indicó que la puesta en marcha de este instrumento normativo generará oportunidades y desafíos. “Nuevas regulaciones implican que las personas encuentren desafíos al ajustarse a las nuevas perspectivas y enfoques que introduce la nueva ley. Los criterios de sostenibilidad pueden generar un estímulo a la competencia y oportunidades de negocio para empresas con focos en prácticas sostenibles”, manifestó.

Visión del Estado

En su exposición, Luis Armando Godoy, director jurídico de la DNCP, habló de las novedades desde la perspectiva del Estado y la nueva estructura organizativa. “Hablamos de un cambio de progama o chip de los servidores públicos. Se potenciará la actividad estratégica para cumplir con las políticas públicas. No es solo para satisfacer una necesidad. Se pondrá énfasis en la planificación, administración y evaluación, es decir, ya no solo se pondrá énfasis en el procedimiento de compra”, mencionó.

“Si se va a adquirir una maquinaria para el Estado, hay que analizar qué impacto va a tener eso en lo económico, social y ambiental. Ya no es solamente una ley de contrataciones públicas sino una de suministro. Lo que se intenta con esto es demostrar que el énfasis no está dado en el proceso de adquisición solamente, este es solo un eslabón en toda la cadena integrada de suministro público. La gestión de contrataciones públicas, lo que se conocía como ley, pasa a ser un eslabón más”, recalcó.

Con relación al valor por dinero, Godoy dijo que se cambia el acento del menor precio, pues se pasa a la combinación de otros factores: relación calidad-precio, ciclo de vida del producto, servicio posventa, etc.

En cuanto a compras públicas sostenibles, “hay un desplazamiento del acento desde el precio más bajo hacia la selección de la oferta que proponga un impacto positivo en los aspectos sociales, ambientales y económicos que buscan con la contratación”.

“El Ministerio de Economía y Finanzas queda instituida como la autoridad reguladora del Sistema Nacional de Suministro Público, que engloba todo el conjunto de principios, disposiciones normativas, órganos. Este Sistema está conformado por el Ministerio de Economía, la DNCP, el Comité de Suministro Público de cada institución pública. La DNCP va a seguir ocupándose del análisis de la regularidad de las actuaciones a través de los mecanismos de impugnación”, explicó.