El flagelo de la informalidad a la economía y al crecimiento sostenible de marcas legales, es bien conocido. En la actualidad, la elección de los consumidores por marcas constituidas de manera legal y operativas dentro del marco de las legislaciones y obligaciones comerciales, es fundamental para lograr la tan ansiada reactivación económica.
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), en alianza estratégica con el canal SNT, realizó una campaña comunicacional para concienciar a los consumidores de las ventajas e importancia de apoyar a los negocios y marcas formales.
Carlos Jorge Biedermann, presidente de la CAP, nos explica cómo las marcas y anunciantes legales se ven duramente afectados por una realidad a la que, lastimosamente, muchos se han acostumbrado, pero que urge erradicar.
La pandemia ha obligado a las marcas formales y legales a reinventarse, a adaptarse a escenarios desconocidos, competir con otras marcas parecidas, con una problemática similar, en un contexto táctico.
Consumidores retraídos o encerrados, asustados, con mucha incertidumbre, han obligado a las empresas a realizar actividades tácticas o promocionales para atraerlos, animarlos e incentivarlos, cumpliendo – a un altísimo costo – protocolos sanitarios para llegar a los hogares. Esto, para que poco a poco, y de acuerdo a las fases de cuarentena impuesta, puedan volver a locales comerciales, shoppings, etc.
Sin embargo, las “marcas” ilegales, en cualquiera de sus versiones – contrabando, venta en locales informales, etc. – no han tenido y no tienen las mismas obligaciones o cargas de control estatal y autocontrol corporativo, de cumplimiento de leyes y protocolos, de pago de impuestos, IPS , gastos administrativos o de comunicación.
Simplemente, están con impunidad, aprovechando cada espacio disponible – bajo el sol o dentro de esquemas comerciales informales de todos los niveles -, con precios diferenciados por la evasión de impuestos y otras ventajas que tienen los negocios ilegales.
Es muy difícil competir con los ilegales, y es perentorio y obligatorio que el Estado, en cualquiera de sus instituciones relacionadas, proteja sin excusas al comercio, a las empresas y marcas legales, nacionales e importadas.
La pandemia cerró empresas, hizo que se despida o se deje en stand by a empleados y funcionarios de estas. Muchos quedaron sin los ingresos que tenían antes de la pandemia y otros quedaron con ingresos disminuidos.
Esto, además de la incertidumbre incentivada por la mala comunicación oficial, hizo que los consumidores se retraigan y cambien su modo de actuar.
Entonces, muchas marcas se quedaron con menos consumidores, o con consumidores con menos ingresos y con menos ganas de comprar. Muchos de ellos buscando alternativas u opciones más convenientes, aunque sean ilegales.
Comprar marcas conocidas o preferidas, fuera de los lugares normales de comercialización, sin respetar cadenas de seguridad -especialmente en productos perecederos o alimenticios -, es muy peligroso; pueden ser productos o marcas conocidas vencidas o por vencer, vendidas fuera de normas, sin garantías y sin posibilidad de reclamos.
Por esto es que los consumidores, además de ser parte del sistema legal, deben optar por productos y marcas debidamente comunicados, vendidos dónde y cómo corresponde, con las garantías y seguridades que se merecen. No se deben dejar tentar o engañar por ofertas claramente ilegales o perjudiciales.
Los consumidores, en general, compran productos y marcas conocidos, bien comunicados, con sus atributos funcionales y emocionales; marcas que son parte de nuestra vida diaria.
Pero, a veces o muchas veces, dependiendo de circunstancias, pueden ser tentados por ofertas que, al final, siempre terminan mal o sin procurar la satisfacción que todos queremos o exigimos cuando pagamos por algo de nuestra preferencia.
Es una decisión del consumidor apoyar lo legal, con garantías y seguridades, o apostar por lo parecido e ir al “ya da ya” con las consecuencias también conocidas
En primer lugar, las instituciones del Estado a cargo deben cumplir y honrar su misión institucional, sin excusas. Ese es su trabajo, y para eso están.
El sector privado puede acompañar y “presionar” para que lo hagan, pero hasta allí nomás.
Es obligación constitucional del Estado proteger y blindar a los contribuyentes, que hacen posible la misma existencia del Estado que recibe tributos para pagos a funcionarios públicos, servicios públicos, etc.
Influirá en la medida en que logremos involucrarnos y entendamos la gravedad de la situación, comprometiendo el buen funcionamiento de las instituciones públicas al efecto.
Es mejor ser legal, es mejor ser formal. Nos permite exigir y comprometer a quienes corresponda. El que opera en forma ilegal, no puede y no debe exigir nada. Además, está subsidiado por los formales, que se hacen cargo del pago de la fiesta.
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