Compartimos una declaración conjunta de la OIT, la OCDE, la OACNUDH, la REDESCA de la CIDH, UNICEF, el Pacto Global de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos[1]
La pandemia del Coronavirus (COVID-19) se está extendiendo rápidamente por todo el mundo, desencadenando una crisis sanitaria y humana sin precedentes, que no sólo mata y propaga el sufrimiento humano, sino que también destruye la vida de las personas y ataca el núcleo de las sociedades. En América Latina y el Caribe (ALC), la crisis también tendrá consecuencias graves y duraderas en la vida de las personas, así como en las sociedades y economías de la región. La OIT estima que, en el segundo trimestre de 2020, las horas de trabajo disminuirán en un 5.7%, lo que equivale a 14 millones de trabajadores de tiempo completo en la región, en comparación con la línea de referencia anterior a la crisis (cuarto trimestre del 2019)[2].
La significativa alteración económica y financiera provocada por la crisis del COVID-19 probablemente agravará el lento crecimiento económico de la región y las vulnerabilidades estructurales preexistentes, afectando profundamente a las empresas, los trabajadores y otras partes interesadas de América Latina y el Caribe. Factores como la rápida disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales, la interrupción de las cadenas de valor mundiales, la caída de los precios de los productos básicos, el aumento de la aversión al riesgo de los inversores, la reducción de la demanda de mano de obra, especialmente en los sectores del turismo, la manufactura y el comercio minorista, y la caída de las remesas tendrán todos ellos un profundo impacto en la actividad empresarial de América Latina y el Caribe. Esto a su vez tendrá consecuencias de gran alcance para el sustento de muchos hogares, en una región en la que más de la mitad de la población trabaja en la economía informal, en microempresas o por cuenta propia, y no tiene acceso a redes de seguridad social.
La crisis del COVID-19 no solo supondrá una enorme carga para el sector de la salud pública, en varios países, sino que también afectará gravemente los derechos de las personas de ALC y, en particular, sus derechos económicos y sociales.
El riesgo que esta población caiga en la pobreza es considerable[3]. La crisis del COVID-19 no solo supondrá una enorme carga para el sector de la salud pública, en varios países, sino que también afectará gravemente los derechos de las personas de ALC y, en particular, sus derechos económicos y sociales. Las mujeres, que están sobrerrepresentadas en sectores muy afectados por la pandemia o son fundamentales para afrontarla, probablemente se verán gravemente afectadas, junto con los trabajadores precarios y los grupos más vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, migrantes y pueblos indígenas.
Los Estados de ALC, las empresas y los empleadores, así como las organizaciones de trabajadores, juegan un papel importante en el diseño e implementación de las respuestas para enfrentar la crisis del COVID-19, y en mitigar los impactos adversos que la misma crisis y que estas respuestas puedan tener en las personas, en el medio ambiente y en la sociedad. Estos actores han comenzado a adoptar medidas de emergencia para abordar no sólo los aspectos sanitarios de la pandemia del COVID-19 en la región, sino también, sus consecuencias económicas, financieras y sociales inmediatas, con especial atención a la protección de trabajos y empleos.[4] Se necesitarán también respuestas políticas a largo plazo, que se basen en un enfoque integral de gobierno, en diálogo con las empresas, los trabajadores y las personas afectadas. Es de suma importancia que el respeto de los derechos humanos, laborales, y de la infancia, la consideración de las cuestiones de género, la protección del medio ambiente y la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción, estén plenamente integradas tanto en las respuestas inmediatas como en las de largo plazo, fomentando empresas sostenibles y una conducta empresarial responsable (CER).
La OIT, la OCDE, la OACNUDH, la REDESCA de la CIDH, UNICEF, el Pacto Global de las Naciones Unidas y sus redes locales, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (conjuntamente, los Signatarios) están dispuestos a apoyar a los Estados de América Latina y el Caribe, a las empresas, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como a otras partes interesadas, para abordar los desafíos sin precedentes que plantea la pandemia del COVID-19. A través de sus respectivos trabajos en curso, proyectos en la región e iniciativas y orientaciones específicas relacionadas con la crisis del COVID-19, los Signatarios se comprometen a prestarles toda la asistencia necesaria para hacer frente a las consecuencias económicas, financieras y sociales de la crisis, reconociendo y respetando los estándares internacionales. Ellos prestarán ayuda para superar estas difíciles circunstancias, fomentando al tiempo la conducta empresarial responsable (CER) para limitar los abusos de los derechos humanos, laborales y de la infancia, prestar mayor atención a las cuestiones de género, proteger el medio ambiente y promover la integridad y la lucha contra la corrupción. Unir fuerzas para promover los estándares internacionales e impulsar la CER en ALC, durante la crisis del COVID-19 y la recuperación posterior, será clave para proteger a los más vulnerables, garantizar una recuperación responsable y sostenible, y construir un crecimiento resiliente e incluyente a largo plazo.
Para obtener más información sobre los estándares de CER reconocidos internacionalmente:
Para más información sobre las iniciativas/orientaciones específicas de los Signatarios relacionadas con la crisis del COVID-19:
Para más información sobre los proyectos específicos de los Signatarios en ALC:
Contacto:
Ingrid Dioverti
Coordinadora de Comunicación del Pacto Global Paraguay
0991 850692
[1] La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Pacto Global de las Naciones Unidas (UNGC) y el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras Empresas (el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos)[1]. El Grupo de Trabajo sobre las Empresas y los Derechos Humanos tiene el mandato del Consejo de Derechos Humanos de promover la difusión y aplicación, en todo el mundo, de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (resoluciones 17/4, 26/22 y 35/7). El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para que se ocupen de situaciones concretas de los países o de cuestiones temáticas, en todas partes del mundo. Los expertos no son funcionarios de las Naciones Unidas y son independientes de cualquier gobierno u organización.
[3] OCDE Development Matters (2020), América Latina y el Caribe en la época del COVID-19: prevenir que las personas más vulnerables queden desatendidas.
[4] El Rastreador de Políticas de la OCDE cubre y actualiza diariamente las medidas anunciadas por más de 90 países, entre ellos, 14 países de América Latina.
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